Los hijos infinitos

Por Fernando Pereira

Carlos Alfonso Negret Mosquera. Defensor del Pueblo de Colombia dejó constancia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (febrero 2019)  que “del total de la población registrada (819.034), el 27,4% de los migrantes venezolanos irregulares son menores de edad 120.473 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 51.075 están en primera infancia, lo que corresponde al 42,4 % del total de los niños migrantes desde Venezuela”.

Advierte el propio Defensor del Pueblo que “los niños, niñas y adolescentes venezolanos se ven abocados a discriminación, no tienen acceso a la protección social, a los servicios de alimentación, a la vivienda, a los servicios de salud, salvo los de urgencias y dificultades de acceso a los de educación, a pesar de las medidas provisionales tomadas. En algunos casos, no pueden obtener documentos de identidad, no tienen acceso al registro civil, su edad no puede determinarse, ni pueden tampoco solicitar documentos, ubicar a sus familias, ni acceder a sistemas de tutela o asesoramiento jurídico.

Destaca la Defensoría de Colombia, recientemente, especial preocupación por cerca de 20 mil niños en condición de apátridas por no contar con documentos de identidad. Bien porque nacieron en Venezuela y llegaron sin documentos o porque nacieron en Colombia y sus padres no pueden registrarlos por estar en condición irregular.

Situación que tiende a empeorar en la medida en que el sistema de identificación en nuestro país no da respuesta. Angeyeimar Gil realizó una investigación que corroboró que desde el primer momento los padres y madres no tienen acceso expedito y oportuno a las instituciones que dan registro a sus hijos. Gil logró calcular un estimado de recién nacidos afectados por la falta de planillas EV-25 en los centros de salud: por lo menos 27.540 bebés quedaron sin certificados de nacimiento, solo en el Área Metropolitana de Caracas, y únicamente en 2018. La proyección en todo el país da un estimado de 271.850 NN afectados.

“Uno de los riesgos que presentan los niños sin el certificado de nacimiento es el de convertirse en víctimas de trata de personas, robo o secuestro. De allí la importancia de garantizar este derecho en el mismo momento en el que nacen”, según indicó Gil.

La Convención de los Derechos de los NNyA establece que la garantía de la identidad pasa por la gratuidad. También lo establece la constitución y así era hasta 2014. En la práctica, hay uno de los documentos que se tranzan en altos precios e incluso en dólares, a través de gestores ilegales: el pasaporte.

También la obtención del pasaporte se convierte en un imposible para muchas familias. Su emisión se ancló al petro y esto trajo un incremento en el costo del único documento de identidad válido en el exterior. De 7.200 bolívares pasó a 160.000 bolívares, lo que significa un incremento de 2.200% en el costo del pasaporte para niños y adolescentes.

Resulta caro, especialmente para familias que tienen varios hijos y más caro cuando un sistema ineficiente produce gestores y mecanismos de corrupción para la tramitación.

Son nuestros niños los más vulnerables y expuestos ante la emergencia humanitaria compleja expresada en el deterioro acelerado de las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de las familias. La emergencia que vivimos no obedece a causas naturales o eventos fortuitos,  viene dada por decisiones políticas y quiebre del Estado de Derecho.

Desde Cecodap  insistimos en que la migración en Venezuela es forzosa, los niños y sus familias no migran por placer, lo hacen al ver su posibilidad de supervivencia y dignidad amenazadas. Continuará la marcha forzada de familias con sus niños si no se dan las respuestas estructurales requeridas.

No olvidemos en qué condiciones están los nuestros aunque estén en una calle de Cúcuta, El Arauca o Bogotá, siguen siendo nuestros porque como decía Andrés Eloy “Cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos de la tierra”

Publicado en Efecto Cocuyo