Prematura desprotección

 Un estudio reciente realizado en el Reino Unido encontró que los niños que experimentan abuso sexual o físico o que sufrieron negligencia infantil tienen más probabilidades de morir prematuramente como adultos.

Nina Rogers, médica de la Universidad de Londres, encabezó un equipo de investigadores que analizó los datos de 9310 personas nacidas en el año 1958 y las siguieron durante años de su vida. Los investigadores examinaron los factores socioeconómicos y relacionados con la salud que podrían explicar por qué las personas que fueron abusadas o sufrieron negligencia y descuidos en la infancia, o que nacieron en desventaja económica, tenían más probabilidades de morir en la mediana edad. 

¿Qué encontraron?

• Los adultos que informaron haber experimentado abuso sexual a la edad de 16 años, tenían un riesgo 2.6 veces mayor de morir en la mediana edad, es decir, entre los 45 y los 58 años, que aquellos que no informaron haber sufrido abuso sexual.
• Adultos que informaron experimentando abuso físico a los 16 tenían un riesgo 1,7 veces mayor de muerte prematura. 
• Las personas que experimentaron negligencia (evaluada utilizando respuestas de cuestionarios recopilados de los padres y maestros de los encuestados durante su infancia) tenían un riesgo 1,4 veces mayor.

Según Rogers, haber encontrado que los niños que no reciben los cuidados necesarios tienen un 43% más de riesgo de morir temprano en la edad adulta, destaca un componente crítico del maltrato infantil. Este trabajo muestra las consecuencias duraderas que pueden tener tipos específicos de abuso y negligencia infantil.

Fuera de la agenda política

La entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (2000) le dio competencias a los gobiernos municipales y regionales y dinamizó su rol en la protección de ese sector de la población. La creación del sistema de protección, consejos de derechos, consejos de protección, defensorías de la niñez posibilitó la capacitación de miles de funcionarios en todo el país y la creación de programas de atención.

Ese esfuerzo se comenzó a debilitar con la primera Reforma de la ley (2007) donde se limitaron las competencias legales de los municipios y se eliminaron los consejos estadales. Al impacto del centralismo se sumó la emergencia humanitaria compleja para debilitar, desinstitucionalizar y desprofesionalizar el entramado social que se había gestado.

No puede extrañar entonces que los candidatos y candidatas a ocupar cargos de elección en los comicios regionales del 21 de noviembre no planteen propuestas dirigidas a la protección de la niñez. Hecho que contrasta con una realidad donde cada día se presentan casos y denuncias sobre malos tratos, abuso y violencia hacia niños y niñas.

De ahí lo pertinente del llamado que hace la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) a los participantes en la contienda electoral, a sus equipos y partidos.

Propone la Redhnna que:

– Cada gobierno apruebe y ejecute una Política Pública de Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes asignando recursos financieros suficientes para el funcionamiento de los servicios, instituciones y programas que se requieren para proteger la vida, la salud y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

– Exista un sistema de información robusto y transparente sobre la situación de la niñez y la adolescencia en las localidades, así como los recursos técnicos y financieros para brindar una atención especializada a NNA víctimas de abusos y violencia, o sin cuidado de sus padres, madres o familias.

– Las familias que afrontan situaciones difíciles debido al desempleo, la crisis económica, la separación de familiares, los desastres naturales, enfermedades o muerte, reciban el apoyo que, como lo establecen la CSDN, la Constitución y la LOPNNA, el Estado está obligado a brindar para que puedan cumplir con su labor en la formación, manutención y cuidado afectuoso, equitativo y sin violencia, de sus hijas e hijos.

– Se fortalezcan las instituciones y proveedores de servicios públicos para garantizar el acceso universal y masivo a toda la población y que las entidades que conforman el Sistema de Protección cuenten con la infraestructura, recursos humanos y financieros, así como programas adecuados para garantizar la protección y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia en Venezuela.