“Desde el inicio de 2022 se ha registrado un total de 7.165 casos por el delito de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Hubo en este periodo 2.317 personas imputadas, 2.915 acusadas y 1.355 condenadas por estos delitos”, señaló el Fiscal General en un balance presentado en días pasados.
Destacó que son “cifras preocupantes”, vaya que sí lo son y requieren un serio análisis. En diciembre del año pasado el mismo funcionario aseveró que, entre enero y noviembre de 2022, se contabilizaron 1.494 casos de delitos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.
Suponemos que los datos presentados por el Ministerio Público ya recogen todos los casos referidos hasta noviembre de 2022 (1.494), se estaría arrojando un total de 5.671 casos en seis meses (diciembre-mayo). Eso equivale a 945 casos por mes, 31 por día, más de un 1 caso cada hora.
Poder desagregar las estadísticas permitirá establecer la dimensión real, las edades y el sexo de las víctimas, los rasgos de los abusadores, la fecha o periodo de ocurrencia del abuso que permitan ir dimensionando el fenómeno para definir directrices que apunten hacia la prevención y atención del fenómeno.
Derechos de la niñez y adolescencia
El Fiscal dio a conocer la creación de una “Mega Fiscalía” con competencia nacional, especializada en los delitos que atenten contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Más allá del procesamiento de los casos, el Ministerio Público debe considerar si puede ir más allá pues está legitimado por la Lopnna para iniciar acciones judiciales de protección ante la omisión de organismos públicos que puede amenazar o violar los derechos de la niñez y adolescencia (art. 276, 278).
El énfasis que se evidencia públicamente tiene que ver con el procesamiento penal de los agresores; pero la protección y acompañamiento psicológico a las víctimas y a sus familias debe constituir una prioridad.
Se puede estar ante procesos judiciales que son largos, poco amigables y hay que fortalecer emocionalmente a los niños y familiares para afrontarlo sin ser revictimizados y atender las heridas psicológicas producidas por la agresión.
La falta de servicios forenses con personal especializado para la atención de los niños, niñas y adolescentes es un vacío notable denunciado por las organizaciones que promueven los derechos de la niñez.
Estos aspectos son reivindicados por la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes aprobada por la Asamblea Nacional electa en 2020.
Ante la compleja realidad es necesario el involucramiento, la respuesta y la coordinación de todos los organismos competentes en la materia.
Abuso sexual
El abuso sexual no es solo penetración, es toda acción violenta o no, en la que una persona con más poder utiliza a otra, en contra de su voluntad, para satisfacerse. El abusador puede realizar el acto mostrando los genitales, invitando a otros a participar en videos o películas pornográficas, tomar fotos, así como manoseos, masturbación, penetración anal o genital con objetos o partes del cuerpo (dedos, pene).
La violencia sexual también se expresa a través de la explotación sexual cuando niños y adolescentes son utilizados para obtener dinero o cualquier otro beneficio a cambio del intercambio sexual.
¿Qué podemos hacer?
Promover la educación sexual con enfoque de derecho enfatizando en la autoprotección: aprender a decir no, distinguir caricias mal intencionadas, buscar apoyo. Creerle a los niños y adolescentes cuando hablan al respecto.
También es necesario denunciar situaciones de violencia sexual. La violencia sexual es un delito. Promover actividades formativas en los centros educativos y orientar sobre el uso adecuado de internet.
La violencia sexual debe ser denunciada anta el Ministerio Público. Esto exige no claudicar, insistir para garantizar la protección de la víctima y la sanción a los victimarios. El silencio es su principal cómplice.
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