Ráfagas sin respuestas

 La violencia armada suscitada en las comunidades del oeste en Caracas fue la amplificación en la proyección de un fenómeno presente en múltiples territorios. Pareciera que se abrió la caja de donde salieron los demonios, pero ellos ya estaban pululando por allí antes que los proyectiles impactaran las paredes de casas o entraran como si nada por las ventanas de edificios, obligando a que las familias tuvieran que protegerse como fuera.

Niños de comunidades aledañas fueron sorprendidos por la puesta en escena, en tiempo de real, de los enfrentamientos que se escenifican en las pantallas del televisor o del dispositivo para videojuegos. El miedo instalado en la mirada y oídos de los niños fue la expresión más evidente del caos.

En Venezuela, las causas de la violencia sobre la niñez y adolescencia están muy relacionadas con el crecimiento de la pobreza y con el acelerado deterioro de la institucionalidad y situación de seguridad ciudadana. Como es de esperarse, esta situación tiene mayores incidencias sobre los sectores de población más vulnerables entre los que se encuentran sin duda, los niños, niñas y adolescentes.

Por años, los informes de Cecodap vienen haciéndose eco de esta situación al reflejar cómo las muertes, el maltrato y abuso merman a la población infantil y producen en la sociedad, secuelas muy negativas y cada vez más difíciles de superar. También es motivo de preocupación que, a pesar del rápido crecimiento del fenómeno, no existan políticas públicas efectivas y permanentes para abordarlo.

¿Y las políticas públicas?

Venezuela cuenta con un amplio marco normativo destinado a proteger a la persona contra abusos a su integridad física, que incluye tanto legislación interna, como instrumentos internacionales. Algunas de estas disposiciones se refieren específicamente a niños, niñas y adolescentes, mientras que otras son de alcance más general.

La existencia de este marco normativo no ha ido acompañada de la creación de instituciones y mecanismos que lo hagan realidad:

• No existe una política global relativa a la violencia contra la niñez y adolescencia.
• No existen programas específicos destinados a impedir la violencia contra los niños y resolver el problema que plantea.
• No existe una autoridad gubernamental dedicada a la cuestión de la violencia contra la niñez y adolescencia.
• No se asignan recursos específicamente para actividades de lucha contra la violencia hacia los niños. Los recursos existentes se diluyen en diversos programas que pueden tener entre sus componentes, algunos relacionados con este ítem.
• No se cuenta con información sobre la existencia y utilización de recursos de organismos bilaterales o cooperación internacional para la implementación de programas de prevención y erradicación de la violencia contra la niñez y adolescencia.
• No existen iniciativas parlamentarias destinadas a combatir la violencia contra la niñez y adolescencia.
• No existen iniciativas oficiales que incorporen la participación de adolescentes en consultas y elaboración de estrategias, sobre esta problemática y su forma de abordarla.
• Existen pocas investigaciones sobre la victimización violenta de los niños, y las que existen son llevadas a cabo de manera independiente, en su mayoría por académicos, más no en el marco de las instituciones de atención a la infancia.
• No existen protocolos debidamente estandarizados para atender los casos de violencia relacionados, por ejemplo, con explotación sexual comercial, abuso sexual, maltrato infantil, etc.
• No existe un organismo específicamente dirigido a atender el maltrato a la niñez y adolescencia en el ámbito doméstico.
• La información sobre el número de muertes y hechos violentos ocurridos contra la niñez, así como las estadísticas judiciales, no se encuentra disponible.

En conclusión, no nos pueden sorprender hechos como los vividos recientemente, porque no se está haciendo lo mínimo para que el fenómeno de la violencia no siga ganando espacio.

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