Por Fernando Pereira
Los primeros días de febrero de este año guardarán en su memoria el
martirio de dos bebés en el estado Táchira. El primero de 11 meses sufrió un
paro respiratorio en el Hospital Central de San Cristóbal el 3 de febrero. Su
cuerpo dio testimonio de las violencias de las que fue objeto, incluyendo actos
lascivos.Su hermano de 3 años sobrevivió y está bajo la protección de una
entidad.
Dos días después una bebé de dos meses fallece con un cuadro de
desnutrición severa. Se evidencia que la madre adolescente (17) a su vez fue
víctima de abuso sexual incestuosa por parte de su padre, quien resulta ser el
progenitor de la bebé fallecida.
Son dos casos, dos historias de la violencia silenciada; pero no los
únicos. Lamentablemente se repiten a lo largo y ancho del país las historias de
niñas y niños que padecen crueles maltratos. La pandemia se ensaña con ellos
haciendo más propicio el aislamiento, dificultando la búsqueda de apoyo y la
respuesta institucional.
El 1º de Diciembre de 2011, Dayan González (5 años) perdió la vida por los
maltratos y torturas de las personas que tendrían que haberle garantizado la
vida y su protección. Después de su muerte muchos expresaron que sabían que el
niño era víctima de la violencia y abusos por los morados y cicatrices que mostraban
su cuerpo. El silencio cómplice se encontró entre los principales culpables en
el homicidio del “niño de Guanare”, como quedó grabado en el imaginario
colectivo.
A tres años del martirio de Dayan desde Cecodap advertíamos sobre
la resistencia a denunciar, la deficiencia en la preparación del personal del
sistema de protección del niño, niña y adolescente y de otros órganos públicos
y policiales, la carencia de respuesta oportuna y efectiva y la impunidad en
los casos denunciados.
Hoy, a casi 10 años de la muerte violenta de Dayan, debemos decir que la
emergencia humanitaria compleja y la pandemia se han potenciado para aumentar
el grado de desprotección de la niñez.
No podemos ver los casos que se van sucediendo como hechos aislados, fruto
de la fatalidad ante los que nada se puede hacer. Más que nunca debemos
insistir en que:
·
Fortalecer los mecanismos de denuncia, garantizar la confidencialidad y protección de los
denunciantes y de las víctimas, contar con un formato único de denuncias y un
protocolo de actuación;
·
Promover las
denuncias de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes a fin de romper con la cultura del silencio,
complicidad, omisión e impunidad;
·
Contar con un sistema de nacional de información público, actualizado sobre la situación de los niños
víctimas de diferentes formas de violencia;
·
Implementar planes de formación permanentes y pertinentes de los funcionarios para la actuación en casos de
violencia (defensores, consejeros, fiscales, médicos, policías);
·
Articular los diferentes entes que forman el Sistema
Nacional de Protección para
que funcione de forma orgánica y garantice todos los derechos de todos los
niños sin discriminación de ningún tipo;
·
Implementar políticas públicas para la protección
integral de los niños, niñas y
adolescentes en la prevención e intervención en casos de maltratos y abusos con
programas y servicios suficientes y eficientes;
·
Incluir en la formación universitaria la prevención y
atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes;
·
Sensibilizar y formar
a la sociedad para la prevención
del castigo físico, humillante, maltrato y abuso en los distintos ámbitos (familia, comunidad, escuela);
·
Fortalezcer
los servicios, incluidos los servicios forenses, en
relación con la protección de los derechos de los niños víctimas de abuso y
explotación sexual, proporcionando personal especializado entrenado con
regularidad, protocolos, infraestructura y equipos técnicos cuando sea
necesario;
Iniciamos este 2021 y la
historia de Dayan se sigue repitiendo. No hemos aprendido la lección
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