Fernando Pereira | @cecodap | @fernanpereirav
“Entre el 1° de mayo y el 21 de noviembre de 2019, 529 niñas y niños venezolanos no acompañados cruzaron la frontera hacia el estado brasileño de Roraima, según datos de la Defensoría Pública Federal de Brasil, que los entrevistó en la frontera. Casi el 90 % de ellos son niños y adolescentes que tienen entre 13 y 17 años. Habían viajado solos o con un adulto que no era un familiar ni su tutor legal”
El preocupante hallazgo corresponde a un reciente informe presentado por Human Rights Watch que tiene como conclusión que el Estado brasileño no está brindando la protección adecuada a esa población. Aclaran que no es la cifra real pues muchos adolescentes bordean los pasos oficiales y no quedan registrados. Migrar a los países vecinos se ha convertido en una riesgosa apuesta para miles de compatriotas independientemente de su edad, experiencia, formación profesional…
Si de niños y adolescentes se trata, los factores de riesgo se multiplican. No tener compañía, documentos de identidad, recursos para adquirir lo indispensable los convierte en potenciales víctimas de explotación laboral, sexual, todo tipo de maltratos y abusos, tráfico, trata, ser reclutados por bandas criminales…
¿Qué motiva a niños y adolescentes a aventurarse de esa forma? Ciertamente no son mochileros haciendo turismo de aventura. Son seres que en sus relatos describen el hambre y desatención que dejaron atrás. No hay familiares reclamándolos. Cambiaron las calles de Venezuela por las de un país con un idioma distinto que les ofrece la esperanza de poder comer.
La situación en Colombia no es mejor
El flujo migratorio hacia Colombia es mayor y también la cantidad de niños y adolescentes expuestos según lo expresado por Carlos Negret Defensor del Pueblo de Colombia:
“Las niñas no acompañadas y separadas de sus familias, están particularmente expuestas a la violencia de género y, específicamente a la violencia doméstica. En algunos casos, no pueden obtener documentos de identidad, no tienen acceso al registro civil, su edad no puede determinarse, ni pueden tampoco solicitar documentos, ubicar a sus familias, ni acceder a sistemas de tutela o asesoramiento jurídico. En algunas ocasiones, los niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de su familia, son detenidos por funcionarios de los servicios de fronteras o de inmigración, desconociendo los instrumentos internacionales, son entregados o devueltos a su país de origen sin ningún procedimiento establecido para la repatriación”.
Una mirada transfronteriza
En febrero de este año Cecodap y un conjunto de organizaciones defensoras de los derechos de la niñez en América Latina solicitamos en una audiencia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para evaluar el impacto de la migración forzosa de niños y adolescentes de Venezuela.
Insistimos allí en que la CIDH debería llevar a cabo una visita a terreno en las fronteras más concurridas (San Antonio del Táchira con Colombia, Santa Elena Uairén con Brasil, Aguas Verdes con Perú, Huaquillas con Ecuador), para recabar la información necesaria ante los distintos actores involucrados y contar con los datos necesarios que muestren una información fidedigna sobre la violación de derechos a la que está expuesta la niñez venezolana migrante
Se evidenció la ausencia de lineamientos regionales que brinden orientaciones técnicas para activar rutas de atención y estrategias para niñas, niños y adolescentes migrantes, así como la débil o inexistente coordinación y acción efectiva entre los países, ante la crisis migratoria por lo que se hace indispensable:
La creación de protocolos transfronterizos de protección integral que orienten, apoyen y estandaricen respuestas conjuntas articuladas y efectivas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las niñas y niños venezolanos con especial atención a niños/as y adolescentes no acompañados o separados.
Se insta igualmente a profundizar en las acciones para hacer frente a los prejuicios étnicos, la xenofobia, la discriminación y el racismo y, propiciar la integración social, económica y cultural de las personas venezolanas migrantes. Esto incluye que las autoridades se abstengan de emitir comentarios o pronunciamientos que pueden exacerbar las tensiones en contra de esta población. Estas acciones deben llevarse de manera coordinada entre autoridades locales, nacionales y, de manera interestatal.
La preocupación crece en el marco de la Emergencia humanitaria compleja que vivimos pues un contingente humano sigue migrando aceleradamente y los organismos humanitarios y de protección a los derechos humanos van en “cámara lenta” ante la mirada indolente de las instituciones venezolanas que ignoran la condición de sus connacionales, no se refieren a ella, no explican cómo niños y adolescentes sin autorización legal pueden salir del país ni proponen ninguna alternativa para atenderlos.
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Publicado en Efecto Cocuyo
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