Fernando Pereira de Cecodap señaló que el Consejo de Derechos Humanos del Niño, Niña y Adolescentes debe pronunciarse sobre por qué la atención médica a los fallecidos no fue oportuna
Caracas.- A casi un mes de los sucesos en el club social Los Cotorros de El Paraíso, al caso lo arropa un manto de opacidad. Aún las razones que desencadenaron la muerte de al menos 18 personas, entre ellas menores de edad, no ha sido aclarada por las autoridades, incluso aún no se ha ofrecido información más detallada sobre quiénes son los implicados en el caso.
Para el coordinador de Centro de Aprendizaje Comunitario (Cecodap), Fernando Pereira, el Estado no garantiza un derecho a la justicia adecuado al no contar con una investigación imparcial, objetiva y transparente sobre la tragedia. “Los familiares de las víctimas requieren una respuesta de lo qué pasó esa noche en el club, no solo los seres queridos, sino la sociedad entera para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, reflexionó Pereira.
Pereira sostiene, además, que el Consejo de Derechos Humanos del Niño, Niña y Adolescentes debería pronunciarse sobre lo que ocurrió en la fiesta donde se congregaron cerca de 500 personas, que salieron en estampida del local nocturno, luego de que se activara una bomba lacrimógena. “En este caso, el sistema de protección de niños y adolescentes del municipio Libertador no ha emitido declaración al respecto sobre un hecho que ocurrió en su ámbito de acción”.
“Sentimos que debe haber un pronunciamiento en el que manifieste su posición ante un hecho que no puede ser considerado como algo trivial o normal y pase como un suceso más. Creemos que en cualquier lugar del mundo, un hecho como el de Los Cotorros generaría un pronunciamiento hasta del presidente de la República y otros organismos encargados de la protección de los niños”, indicó.
El coordinador de Cecodap señaló que aún hay aspectos que las autoridades no han aclarado como, por ejemplo, la permanencia de adolescentes en locales noctunos y el expendio de licores a menores de edad. Mantiene su preocupación por las convocatorias a fiestas, a través de Internet, en las que invitan a menores de edad con la condición de pagar más por el costo de la entrada como el caso del evento The Legacy. “Acá hay responsabilidades de los administradores del local, pero de parte de las autoridades descansa la supervisión en cuanto al cumplimiento de las normas”, sostuvo.
Pereira agregó, además, que el Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes también debe pronunciarse sobre la atención de emergencia y primeros auxilios que recibieron las personas asfixiadas. “Debe explicar por qué no fue una atención inmediata, también por qué no hubo actuación del personal de Protección Civil”, señaló.
Resaltó que Estado debe reparar a las víctimas y a sus familiares por la afectación que produjo la activación de un artefacto lacrimógeno que, en teoría, debe estar bajo el resguardo de organismos de seguridad.

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